jueves, 5 de febrero de 2009

Noticias jurídicas

Competencia examina el arancel del procurador
Diario La Ley, Nº 7107, Sección Hoy es Noticia, 4 Feb. 2009, Año XXX, Editorial LA LEY

LA LEY 896/2009

La CNC estudia si la actual normativa que regula la actividad de este colectivo y la que se proyecta con la nueva oficina judicial perjudican el libre mercado.
La Comisión Nacional de Competencia -CNC- ha acordado en una reciente resolución analizar si la actual normativa reguladora de la actividad de los procuradores, así como la que pueda resultar por la implantación de la nueva oficina judicial, introducen restricciones a la competencia.

En caso de hacerlo, aclara, investigará si estas limitaciones se adecuan a los principios de necesidad y proporcionalidad, mínima distorsión de la competencia, eficacia, predecibilidad y transparencia. En el punto de mira se encuentra el Real Decreto 1.373/2003, que es la norma que en la actualidad regula el arancel de los procuradores. Este texto introdujo por primera vez el criterio de libre competencia entre profesionales al permitírseles pactar con el cliente un incremento o disminución de hasta el 12% de la cantidad previamente establecida. Novedad que la CNC considera insuficiente.

La resolución de la CNC recuerda que el ya desaparecido Tribunal de Defensa de la Competencia recomendó en su resolución de 16-XII-2000 la supresión de los aranceles por considerarlos «perturbadores del régimen de libre competencia». En su lugar, aconsejaba fijar estos aranceles en una disposición con rango de Ley «con el carácter de máximos», lo que, a su juicio, redundaría en beneficio del usuario permitiendo, a la vez, el libre juego de la competencia por debajo de tales límites.

Informe

En la misma línea, la CNC acaba de reiterar al Gobierno la misma ugerencia en su informe sobre Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia. En él vuelve a sugerir la supresión de los aranceles o precios fijos. «Alternativamente, debería, al menos, liberalizarse la aplicación de descuentos de forma que esos aranceles o precios fijos actuasen como precios máximos», concluye.